El acceso a internet en España está viviendo una notable perturbación debido a un bloqueo masivo de direcciones IP, un movimiento que, según se informa, ha sido promovido por LaLiga en su lucha contra la piratería audiovisual. Esta medida, aunque bien intencionada en cuanto a su objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual, ha desatado una cascada de problemas para los usuarios que dependen de servicios y páginas web perfectamente legales que han quedado injustamente bloqueados.
El hecho de que se hayan bloqueado grandes grupos de IPs sin una orden judicial específica ha alarmado a muchos, quienes perciben una vulneración del Reglamento (UE) 2022/612. Este reglamento asegura el derecho de acceso sin interferencias injustificadas a contenidos y servicios en la web. Los bloqueos masivos no solo desafían este derecho, sino que también amenazan principios fundamentales como la neutralidad de la red y la libertad de información.
Sin embargo, los ciudadanos no están totalmente indefensos ante esta situación. Cualquier persona afectada puede formalizar una queja ante la Comisión Europea si cree que se está incumpliendo la legislación de la UE. El proceso es accesible a todos los ciudadanos, independientemente de su formación jurídica, y se puede iniciar a través del portal de denuncias de la Comisión Europea. El formulario solicita que el denunciante describa cómo los bloqueos están afectando su uso legítimo de internet y que cite las normativas posiblemente violadas.
La posibilidad de denunciar no es una acción en vano. Si las quejas son lo suficientemente fundadas y numerosas, la Comisión tiene la autoridad de abrir una investigación que podría tener consecuencias legales para el Estado español, llegando incluso a escalar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos procedimientos no solo buscan corregir situaciones indebidas, sino también reforzar derechos tan fundamentales en la era digital.
Este incidente plantea una reflexión crucial sobre la delgada línea que separa las acciones para prevenir actividades ilegales y las que, en su aplicación indiscriminada, pueden coartar derechos fundamentales. El bloqueo sin transparencia ni orden judicial clara genera desconfianza y plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a internet. En un mundo cada vez más interconectado, el equilibrio entre seguridad y libertad digital sigue siendo un tema candente que merece la atención y acción colectiva de la ciudadanía.
