Los bancos deben notificar a la Agencia Tributaria sobre movimientos financieros sospechosos de sus clientes para prevenir delitos como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. La normativa estipula que las operaciones que superen los 3.000 euros en pagos y cobros, 10.000 euros en transacciones y 6.000 euros en préstamos o créditos, serán objeto de examen. En caso de no colaborar, los contribuyentes podrían enfrentar sanciones de hasta el 50% de la suma investigada. Asimismo, se vigilan las operaciones con billetes de 500 euros, donde un aviso es emitido al órgano fiscalizador para controlar este flujo de efectivo. La ley es clara: el desconocimiento de las normas no exime del cumplimiento.
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