Cada semana, muchas personas deben sacar su licencia de conducir entre dos y cuatro veces para realizar trámites que requieren una identificación, como comprar productos restringidos por edad o recoger medicamentos. Sin embargo, con la introducción de las licencias de conducir móviles (mDL) y otros tipos de identificación digital (ID) disponibles en las billeteras de Google y Apple, esa frecuencia podría aumentar considerablemente. Esta nueva tecnología tendría el potencial de extender situaciones en las que se requiera mostrar un ID, abriendo un debate sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales.
El despliegue de las mDL y las ID digitales avanza a un ritmo acelerado, superando la capacidad de los estados para elaborar protecciones adecuadas de privacidad. Mientras los defensores destacan la conveniencia que ofrecen, el uso de estas identificaciones podría expandirse hacia escenarios polémicos, como los proyectos de verificación de edad que podrían terminar censurando a amplios sectores de la población. Además, están siendo probadas en situaciones sensibles, lo que genera temores sobre un régimen de seguimiento de datos sin precedentes.
Dentro del debate sobre las ID digitales, surge la pregunta crucial de cómo implementar este sistema correctamente, dejando de lado una más fundamental: ¿deberíamos hacerlo en primer lugar? Aunque existen salvaguardias recomendadas para estas nuevas tecnologías, es esencial respetar el derecho de cada persona a elegir si desea continuar usando documentación física en lugar de optar por lo digital. Se necesita un esfuerzo significativo para empoderar a la ciudadanía, dándoles comprensión y control sobre estas tecnologías en lugar de promocionarlas sin reservas como una solución equitativa.
La modernización del hardware permite a los teléfonos almacenar datos más sensibles de manera segura, facilitando el uso de servicios como Google Pay y Apple Pay. Estas funciones utilizan un «Módulo de Plataforma de Confianza» (TPM) que protege los datos sensibles en un entorno seguro dentro del dispositivo. Por lo tanto, si un usuario almacena una mDL en su teléfono, esta no se sincroniza con la nube, lo que da la opción de borrar la credencial de forma remota en caso de pérdida o robo.
Durante el verano, el debate sobre las ID digitales ha cobrado impulso. Un ejemplo citado con frecuencia es el de mostrar un comprobante de edad en un bar, donde un portero puede verificar que uno tiene más de 21 años sin conocer información personal adicional. Sin embargo, esta aparente privacidad tiene un costo considerable. Las mDL no solo reemplazarán a las ID físicas, sino que son susceptibles de incrementar la cantidad de situaciones en las que negocios y agencias gubernamentales exigirán que las personas demuestren su identidad, potencialmente multiplicando la exposición de datos personales a terceros.
A través de los avances en tecnología de ID digitales, algunas aplicaciones ya están en uso por parte de la TSA, aunque se espera que su utilización se expanda. Además, Google y Apple están compitiendo en el ámbito de la verificación de edad, lo que podría facilitar que cualquier entidad solicite la identificación en línea. Este aspecto tiene implicaciones especiales para contenidos considerados perjudiciales para menores, como información sobre temas LGBTQIA o recursos relacionados con el aborto.
En términos de equidad, la implementación de las ID digitales debe diseñarse con un enfoque inclusivo y contemplar las dificultades que enfrentan las poblaciones más vulnerables. Muchos ciudadanos carecen de un teléfono inteligente o no tienen acceso a un dispositivo actualizado, lo que puede dificultar su capacidad para acceder a servicios que dependen de una identificación digital. Aunque se propone que las ID digitales simplifiquen procesos cotidianos, el hecho de que millones de personas permanezcan sin acceso a documentación básica plantea preguntas sobre la efectividad y la equidad de estas soluciones.
En conclusión, la adopción de la identidad digital no debería ser considerada inevitable. Si bien muchos pueden ver ventajas en su uso, un considerable espectro de individuos no desea utilizar estos sistemas o carece de los recursos necesarios para acceder a ellos. Para que la identidad digital sea realmente benéfica, es fundamental que se legislen protecciones que defiendan la privacidad de los ciudadanos y garanticen el acceso igualitario a servicios, independientemente de cómo elijan identificarse.
