En España, la propuesta de Ley de Movilidad Sostenible plantea la desregulación del transporte en autobús, lo que podría amenazar los derechos de los ciudadanos y la cohesión territorial. El artículo 50 del proyecto eliminaría el modelo concesional actual, que garantiza la prestación del servicio público y condiciones laborales dignas, en favor de un modelo liberalizado que, según críticos, beneficiaría únicamente a fondos empresariales tras promesas de bajos precios. Experiencias en Alemania y Francia, donde un modelo similar está vigente, muestran mercados concentrados en pocos operadores, con implicaciones negativas en términos de precios, condiciones laborales y calidad del servicio. En España, el sistema regulado, con tarifas y descuentos administrados por la Administración pública, asegura precios accesibles al tiempo que garantiza la movilidad de los sectores más vulnerables. La experiencia internacional sugiere que, lejos de abaratarse, los costes para los usuarios podrían aumentar si se adopta un modelo desregulado.
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