El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha experimentado numerosas reducciones en las últimas dos décadas gracias a las políticas de los gobiernos autonómicos en España, que han optado por aplicar bonificaciones que han disminuido sus ingresos en más de 20.000 millones de euros entre 2002 y 2022. Esta tendencia de rebajas ha sido especialmente notable en comunidades como Cantabria, Madrid y Andalucía, que han reducido o prácticamente eliminado el impuesto en ciertos casos. La Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo del PP, ha llevado esta política a su máximo exponente, convirtiéndose en la región con mayores reducciones fiscales en este ámbito. Contrariamente, el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha aumentado su recaudación debido a sucesivas subidas fiscales, especialmente en regiones como Cataluña y la Comunidad Valenciana, lo que resalta la disparidad entre comunidades. Estas decisiones fiscales autonómicas han avivado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación regional, una cuestión postergada que sigue siendo motivo de polémica y demanda política.
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