Más de seis millones de personas podrían enfrentar la muerte debido al sida en los próximos cuatro años si el gobierno de Estados Unidos decide retirar los fondos dedicados a los programas de tratamiento y prevención del VIH/SIDA. Este alarmante pronóstico ha sido emitido por ONUSIDA, que manifestó su preocupación en un informe reciente desde Ginebra.
Esta advertencia emerge en un contexto de incertidumbre, a pesar de que la ayuda exterior estadounidense había incluido una exención para los programas contra el VIH/SIDA durante una congelación previa de fondos. Persisten, sin embargo, serias preocupaciones sobre el futuro de estos servicios esenciales. Christine Stegling, subdirectora ejecutiva de ONUSIDA, señaló que «hay mucha confusión, especialmente en las comunidades», respecto a cómo se implementará esta exención, destacando ya los trastornos en la prestación de servicios, especialmente a nivel comunitario.
Los efectos de eventuales recortes en financiamiento ya se perciben. Desde la suspensión de 90 días de la ayuda exterior ordenada por la administración de Donald Trump el pasado 20 de enero, el Departamento de Estado emitió una exención permitiendo la continuidad del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR). Este programa ha asegurado el tratamiento de 20 millones de personas seropositivas. Sin embargo, proyecciones de ONUSIDA advierten que una posible falta de autorización del PEPFAR entre 2025 y 2029 podría provocar un aumento del 400% en las muertes por sida, resultando en 6,3 millones de fallecimientos atribuibles a esta enfermedad.
Desde su creación en 2003, PEPFAR ha sido crucial en la lucha contra el VIH/SIDA, salvando más de 26 millones de vidas mediante la inversión en programas de prevención y tratamiento en 55 países. No obstante, ONUSIDA destaca la preocupación por los efectos a largo plazo de una reducción en el financiamiento estadounidense, lo cual podría frenar los avances logrados en la prevención de nuevas infecciones. Los servicios de prevención dependen principalmente de los fondos internacionales, mientras que los gobiernos suelen enfocarse más en mantener a los pacientes en tratamiento.
Etiopía ejemplifica el impacto dramático de estos recortes. ONUSIDA informa de la rescisión de 5,000 contratos de trabajadores de salud financiados por Estados Unidos, además de 10,000 contratos de personal de gestión de datos de pacientes. Aunque Etiopía está cerca de alcanzar los objetivos globales 95-95-95 en la lucha contra el VIH, la reducción de financiación amenaza con poner en riesgo estos logros. Como consecuencias inmediatas, 2,385 personas perderán el acceso al tratamiento antirretroviral y 235,560 individuos se quedarán sin suministro de preservativos, afectando crucialmente la prevención de nuevas infecciones.
La comunidad internacional observa con gran preocupación la situación, temiendo que la suspensión de estos fondos no solo comprometa la atención de quienes ya viven con el VIH, sino también los esfuerzos por controlar la propagación del virus en un momento donde la lucha contra esta pandemia sigue siendo vital.
