Las sospechas sobre Montero se están intensificando tras la difusión de indicios que sugieren una posible estrategia coordinada dentro del PSOE para desactivar investigaciones judiciales relacionadas con casos de corrupción en Andalucía. La figura de Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del partido, ha cobrado protagonismo mediático tras revelarse sus contactos con abogados, periodistas y funcionarios involucrados en macrocausas como los ERE o el caso Aznalcóllar.
Díez se presentó en marzo en la primera sesión del juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, donde varios ex altos cargos del Gobierno andaluz están siendo juzgados. Su presencia, al principio discreta, adquirió relevancia semanas después cuando se publicaron audios que evidenciaban su intento de influir en el desarrollo de los procesos judiciales mediante presiones a fiscales y abogados del Estado.
La controversia estalló justo antes del conocido ‘informe Cerdán’ de la UCO, que terminó costándole el puesto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los letrados de los acusados no fueron ajenos a la actividad de Díez, quienes admitieron haber recibido desde ella llamadas para obtener información sobre causas judiciales sensibles. Uno de estos abogados aseveró que Díez se presentó como periodista, mostrando un interés particular en la sentencia de 2019 que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE.
«La impresión que tuve es que quería información para contársela a otro, no sé a quién», comentó uno de los abogados que conversó con ella. Las acciones de Díez sugieren que recolectaba datos cuyo destinatario final no ha sido revelado, lo que refuerza la sospecha de una posible implicación de sectores del PSOE, incluyendo a Montero, en un esfuerzo por controlar el daño reputacional.
Además, la actividad de Díez se focalizó en deslegitimar a Emerita Resources, la parte acusadora en el caso Aznalcóllar, intentando desacreditar esta empresa canadiense que ya había enfrentado conflictos en otras regiones. En Cantabria, por ejemplo, Emerita fue expulsada por incumplir compromisos de inversión en una mina de zinc, experiencia que Díez conocía bien por su etapa en la comunicación del PSOE cántabro.
Otro elemento clave es el vínculo de Díez con Ferraz y su relación con Santos Cerdán, a quien le entregó un pendrive con información sobre presuntas tramas de hidrocarburos. La exmilitante, aunque afirmó no actuar bajo órdenes directas del partido, ha rechazado ser una “fontanera” del PSOE. Sin embargo, sus acciones y cercanía con Montero y Cerdán suscitan dudas.
Montero, figura central del Ejecutivo y persona de máxima confianza del presidente Sánchez, ha evitado pronunciarse directamente sobre estos hechos. Sin embargo, la presión aumentan en el entorno político y judicial para determinar si tuvo conocimiento o participación en las maniobras atribuidas a Díez.
La reciente reapertura del caso Aznalcóllar por la magistrada Mercedes Alaya vuelve a situar a Montero en el centro de la atención. La resolución judicial coincide con los movimientos de Díez, lo que lleva a algunos analistas a cuestionar si existió un intento deliberado de influir en los tiempos procesales o en la narrativa pública del caso.
La divulgación de audios entre Koldo García, Santos Cerdán y otros dirigentes como Gómez de Celis sugiere una red de influencias y favores que involucra al núcleo duro del PSOE. En estas conversaciones, se discuten intermediaciones para conseguir contratos y cómo algunos dirigentes facilitaban operaciones, situación en la que Montero aparece cada vez más implicada.
La posible implicación de Montero en estos episodios, ya sea de forma directa o indirecta, plantea un dilema serio para el Gobierno. Su figura es clave en la estructura de poder del PSOE, y cualquier sombra sobre su actuación puede resultar desestabilizadora. La ciudadanía merece claridad sobre si Montero estaba al tanto de las actividades de Díez o si estas se realizaron con el consentimiento de algún sector del partido.
El caso de Leire Díez no es un hecho aislado, sino parte de un entramado mayor que cuestiona la integridad de las instituciones. A medida que avanza el juicio de Aznalcóllar y se reabren debates sobre los ERE, la transparencia del PSOE y el papel de Montero están bajo un escrutinio más intenso que nunca.
Fuente: Partido Popular Andalucía
