La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha iniciado una campaña de inspección de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa en academias y centros privados. Esta iniciativa, que comenzó a finales de abril y se extenderá hasta noviembre, abarca todo el ámbito autonómico e incluye la participación de todos los servicios provinciales de Consumo, así como academias de formación ‘online’.
Las acciones inspectoras se llevarán a cabo en un total de 44 academias presenciales y 12 ‘online’. Estas inspecciones se centrarán en evaluar la publicidad e información proporcionada antes de la formalización del contrato, especialmente la suministrada a través del documento de información específica de cada curso y del tablón de información al público requerido. Además, se comprobará el cumplimiento de la normativa sobre créditos al consumo en los casos en que los cursos sean financiados.
Específicamente, se verificará que la oferta, promoción y publicidad de los centros sean precisas, completas y objetivas, detallando claramente el carácter no oficial de las enseñanzas impartidas para evitar cualquier tipo de engaño. También se prestará especial atención al uso indebido de marcas institucionales de la Junta de Andalucía por parte de estos centros.
La campaña también se enfocará en la publicidad e información precontractual relacionada con los cursos de idiomas, especialmente en lo que respecta a la acreditación de niveles de competencia y la obtención de títulos oficiales, incluyendo la referencia a certificados de profesionalidad.
El personal inspector monitoreará el cumplimiento de la normativa en aquellos centros con un alto volumen de quejas, reclamaciones y denuncias, basándose en la información disponible en la Dirección General de Consumo.
Anteriormente, en 2020, se realizó una campaña de control similar, con 66 actuaciones en 35 centros. De estas, se detectaron incumplimientos en 16 casos, lo que representa un 24% de las actuaciones. Se encontraron deficiencias en un 5,9% de los casos respecto a la obligación de disponer de un tablón de información en la zona de atención al público, tanto en el centro como en su página web. Además, un 6,3% de los centros no proporcionaba un documento de información específica para cada curso impartido. En un 15,7% de los casos, el documento no incluía información sobre el derecho de desistimiento en contrataciones a distancia y fuera de establecimiento mercantil. Además, en un 25% de los casos, no se cumplía con la obligación de facilitar la información correspondiente al tablón de información al público en la web, ni en soporte duradero o en papel.
Fuente: Junta de Andalucía.
