En el reciente panorama de la Bolsa española, los inversores internacionales mantienen su dominio aunque con una leve reducción en su participación. Según el último Informe de Propiedad de Acciones del Servicio de Estudios de BME, el porcentaje de mercado en manos extranjeras es del 48,7%, una caída de tres décimas respecto al año previo. En un giro significativo, el sector público ha alcanzado una participación del 4,1%, marcando su mayor nivel en 27 años.
El informe, con datos hasta finales de 2024, resalta que más de 8.600 fondos privados institucionales están implicados en el IBEX 35®, acumulando un impresionante valor de 207.300 millones de euros al comienzo de 2025. De estos fondos, un 70,7% son europeos y un 25% provienen de Estados Unidos. Entre las gestoras más destacadas se encuentran BlackRock, Vanguard y Capital Group.
A pesar de esta fuerte presencia internacional en las empresas cotizadas, donde el capital casi duplica al de las no cotizadas, la participación extranjera en estas últimas es de apenas el 25,1%. En las últimas dos décadas, la propiedad extranjera en firmas cotizadas ha aumentado en 11,6 puntos porcentuales, mientras que en las no cotizadas el crecimiento ha sido solo de 2,7 puntos, evidenciando la importancia de cotizar en la Bolsa para atraer capital internacional.
Por otro lado, la participación de las familias en el mercado de valores ha disminuido a un 15,8%, el nivel más bajo en 32 años. Esta cifra contrasta con la época de las privatizaciones de los años 90, donde los inversores minoristas superaban el 35%.
El informe resalta la importancia de fomentar la participación de los inversores minoristas, alineándose con la iniciativa europea Saving and Investment Union (SIU) y con el respaldo de la OCDE. Además, destaca que las empresas no financieras poseen un 21,6% de la propiedad de acciones, las instituciones de inversión colectiva un 5,8% y los bancos un 4%.
En conclusión, la dinámica de la Bolsa española está marcada por el equilibrio entre la dominación extranjera y la creciente intervención del sector público, mientras que la disminución de la participación familiar sugiere la necesidad de políticas que promuevan el regreso de los inversores minoristas al mercado.
