En 2022, un intrigante fenómeno legal comenzó a desarrollarse en el tribunal federal de Delaware, cuando tres empresas con actividades inusitadas y nombres poco comunes, Mellaconic IP, Backertop Licensing y Nimitz Technologies, presentaron una serie de demandas acusando a varias compañías de violar derechos de patente. Lo singular de estas entidades es que parecían funcionar como «trolls de patentes», cuyo propósito principal es aplicar litigios para obtener ingresos por licencias o demandas, en lugar de ofrecer productos o servicios reales.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado bajo la supervisión del juez Colm Connolly, quien solicitó detalles adicionales sobre las patentes y la estructura de propiedad. Lo que descubrió fue desalentador: uno de los propietarios registrado era un operador de camión de comida, al que se le prometieron ingresos pasivos, pero quien en realidad solo obtendría una fracción de las ganancias derivadas de estos litigios. Además, uno de los cónyuges de un abogado de la empresa de patentes IP Edge apareció como propietario, situación que levantó aún más sospechas.
Profundizando en la investigación, el juez Connolly identificó una violación de las normas éticas legales por parte de los abogados involucrados en estas empresas. En particular, el juez señaló un desbalance en el conocimiento legal entre el señor Bui, el operador del camión de comida, y los expertos legales de IP Edge y Mavexar, sugiriendo que los abogados pudieron haber manipulado la información en perjuicio de Bui. El juez Connolly también reveló que IP Edge era el auténtico controlador de las patentes, pero mantenían su participación oculta deliberadamente. Actuando en consecuencia, refirió a los abogados de IP Edge ante el Comité de Práctica No Autorizada del Tribunal Supremo de Texas, instando a que se investigue más a fondo sus prácticas.
Los abogados de estas empresas intentaron disputar la autoridad del juez Connolly, pero fueron rechazados, permitiendo que la investigación se mantuviera en marcha. Esto se tradujo en que los implicados debieron enfrentarse a las agencias disciplinarias pertinentes.
Además, el caso de Nimitz Technologies destacó una conexión internacional, ya que una de sus patentes había sido originalmente de propiedad de Nokia y luego adquirida por Francia Brevets, una fondo de inversión soberano francés. Esta patente se usó para entablar demandas sin fundamento en los Estados Unidos, lo que puso de manifiesto cómo entidades respaldadas por gobiernos extranjeros pueden manipular el sistema legal estadounidense.
Este escándalo ha puesto de relieve la necesidad de que las demandas de patentes incluyan una mayor transparencia, particularmente en cuanto a quiénes son los verdaderos propietarios de las patentes y quién financia dichas demandas. La integridad del sistema de patentes depende de una aplicación rigurosa de las normas de transparencia, protegiendo así a empresas de litigios injustos y preservando la verdadera finalidad de la innovación.
