Las autoridades del país han calificado a una persona como «enferma mental» que requiere «tratamiento», sin proporcionar detalles específicos sobre el caso. Esta declaración genera preocupaciones sobre la posible estigmatización y el tratamiento de la salud mental en la nación, abriendo un debate sobre los derechos y la atención adecuada para quienes enfrentan desafíos mentales. La falta de información y transparencia respecto a esta afirmación subraya la necesidad de un enfoque más comprensivo y basado en los derechos humanos en el manejo de estos temas delicados.
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