La represión en Irán se intensifica tras la declaración del fiscal general, Mohammad Mohavedi, de que «la sedición ha terminado», luego de sofocar violentamente las protestas recientes. Según la ONG HRANA, las manifestaciones han dejado un saldo de 5.002 muertos confirmados, con investigaciones en curso sobre otros casi 10.000 casos, cifras que podrían alcanzar hasta 20.000 fallecidos, según estimaciones de la ONU. La censura informativa del régimen, que incluye cortes de internet y restricciones de comunicación, no ha impedido que las informaciones sobre la brutalidad estatal se filtren al exterior. Los informes indican que cerca de 27.000 personas han sido arrestadas, y que los detenidos enfrentan cargos de «enemistad hacia Dios», lo que podría acarrear la pena de muerte en el país. El Institute of War Studies de Estados Unidos ha denunciado detenciones masivas por motivos triviales. Además, las familias deben pagar elevadas sumas para recuperar los cuerpos de sus familiares, un hecho calificado como «el precio de las balas». Con la nación aún lidiando con las consecuencias de protestas pasadas que dejaron 1.500 muertos en 2019 y 551 durante el movimiento «Mujer, Vida, Libertad», el actual escenario refleja el episodio represivo más mortífero del régimen iraní en tiempos recientes. Amnistía Internacional ha condenado la violencia, que incluye el uso de armas de fuego y arrestos de heridos en centros médicos. Este clima de opresión mantiene a la comunidad internacional en alerta sobre el posible aumento de ejecuciones de manifestantes, mientras las autoridades iraníes buscan minimizar las críticas y mantener el control social.
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