La reciente sentencia judicial ha generado polémica al considerar que la víctima del caso no es creíble, lo que ha suscitado críticas por perpetuar una supuesta cultura de impunidad hacia los agresores. Mientras tanto, el Gobierno ha optado por mantener una postura de prudencia frente a la controversia desatada. Esta situación ha reavivado el debate sobre el trato a las víctimas en el sistema judicial y la necesidad de reformar los procedimientos para garantizar su protección y credibilidad ante la ley.
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