El Parlamento israelí ha aprobado una controvertida reforma que modifica el proceso de nombramiento de jueces, otorgando mayor control a fuerzas políticas y reduciendo la representación judicial y del Colegio de Abogados. La reforma, que suscita preocupaciones sobre la independencia judicial y el estado de la democracia en Israel, ha sido duramente criticada por la Asociación por los Derechos Civiles, que planea apelar al Tribunal Supremo. Durante la votación, boicoteada por la oposición, miles de ciudadanos protestaron en Jerusalén. Líderes opositores han prometido revertir la medida en futuros gobiernos, argumentando que desvía la atención de otras urgencias nacionales, como la crisis de rehenes en Gaza.
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