El Ayuntamiento de Barcelona busca reformar la normativa que obliga a dedicar el 30% de nuevas construcciones a vivienda pública. Jordi Valls, teniente de Vivienda, indicó que se logrará un acuerdo con Junts antes de agosto o se aplazará hasta 2028. Desde 2018, solo se han terminado 26 pisos y están en trámite unos 50 más. A pesar de un diálogo aún inconcluso, Junts propone medidas como rebajar el IBI y reclamar activos a Sareb. Simultáneamente, Valls expresó descontento con Airbnb, afirmando que el proceso de retirar anuncios ilegales es ineficiente y reafirmó el objetivo de extinguir licencias de pisos turísticos para 2028.
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