Juan Carlos Ramírez Michaca, condenado a 70 años por un crimen que niega haber cometido, enfrenta un destino incierto debido a presuntas irregularidades judiciales y violaciones a sus derechos humanos desde su arresto en 2005. Michaca, de 39 años, sostiene su inocencia ante un proceso plagado de contradicciones y torturas policiales. Alejado a más de 600 kilómetros de su familia tras ser trasladado al Cefereso de Oaxaca, su caso se ha convertido en un símbolo de lucha contra las injusticias. Su esposa, Alejandra, sus hijos, y un equipo legal claman por la amnistía prometida por el presidente López Obrador para quienes fueron encarcelados sin un juicio justo. Las esperanzas de libertad para Juan Carlos podrían redefinirse con una revisión justa de su expediente, que ha sido aquejado por constantes irregularidades y manipulaciones.
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