El inicio del año judicial en España llega envuelto en tensiones debido a las controversiales declaraciones del presidente Sánchez sobre la «politización» judicial y la situación legal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su participación en la ceremonia de apertura ha generado un acalorado debate político y judicial, con críticas por parte de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial y ciertas asociaciones de jueces y fiscales, quienes consideran inadecuado que asista al evento debido a su procesamiento. Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que su presencia es obligatoria y cuenta con el respaldo de vocales progresistas. En paralelo, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la intervención de García Ortiz, calificándola de «provocación», y decidió no asistir al evento. Esta situación refleja una profunda división institucional que algunos señalan como perjudicial para la credibilidad de la justicia en el país.
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