Un juez federal en Maryland ha emitido una orden preliminar que impide a Elon Musk continuar con el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), declarando que dicha acción es «probablemente inconstitucional». La decisión permite a los empleados de USAID regresar a sus puestos de trabajo, recuperando sus correos electrónicos y equipos. La medida legal surge tras demandas que acusan a Musk de ejercer un poder federal sin precedentes, más allá de lo permitido constitucionalmente, argumentando que solo oficiales confirmados por el Senado pueden realizar dichos cambios. El Fondo Estatal para los Defensores de la Democracia critica las acciones de Musk, sugiriendo que representan un desmantelamiento del poder ejecutivo. Además, se señala que Musk ha intentado acceder a datos gubernamentales restringidos y que ha amenazado a funcionarios públicos con despidos. Con un 83% de los programas de USAID ya cancelados, la orden judicial frena temporalmente los recortes hasta una decisión definitiva.
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