La normativa estipulada en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está generando obstáculos significativos en el avance de las investigaciones judiciales y contradice el derecho de la Unión Europea, según señalan expertos en el ámbito legal. Estos plazos estrictos, diseñados para agilizar los procesos, están teniendo un efecto contrario al dificultar el desarrollo adecuado de las pesquisas, situación que ha llevado a cuestionar la compatibilidad de la ley española con la normativa comunitaria.
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