Un tribunal ha tomado una decisión crucial tras una demanda presentada por individuos afectados y organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas entidades sostienen que durante las redadas se han perpetrado múltiples violaciones constitucionales y prácticas de perfil racial. Las acusaciones han generado un intenso debate sobre los derechos civiles y el uso del poder por parte de las fuerzas del orden, subrayando la necesidad de una revisión detallada de las políticas vigentes en estos operativos.
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