La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y construir 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. Este plan de choque, que se anticipa a la Ley de Vivienda en trámite, incluye medidas destinadas a ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar una mayor densidad de viviendas en parcelas destinadas a vivienda de protección oficial (VPO) y crear una bolsa de suelo en colaboración con los ayuntamientos.
Una de las principales acciones del Decreto es la reconfiguración del uso y la edificabilidad en ciertas parcelas para destinarlas a viviendas protegidas. Esto incluye la posibilidad de transformar solares o edificios destinados a alojamientos turísticos u oficinas en viviendas protegidas. Adicionalmente, se permitirá un incremento del 20% en la densidad de viviendas tanto en parcelas de vivienda libre como protegida, con una edificabilidad adicional del 10% en esta última categoría.
El plan también introduce licencias aceleradas para estos proyectos; las mismas deberán solicitarse en un máximo de dos años, y las construcciones deberán finalizarse en un plazo de tres años. Todo esto requiere de un acuerdo municipal que determine la aplicación de estas medidas en relación al desequilibrio entre la demanda y la oferta de suelo para vivienda protegida.
El decreto promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas originalmente destinadas a equipamientos, sumándose al ya existente Plan Vive en Andalucía, que busca proporcionar viviendas en alquiler a precios asequibles. Las subvenciones para este tipo de construcciones podrán alcanzar hasta 30,000 euros por vivienda, incentivando a los promotores a sumarse al proyecto.
Por otro lado, se definirá una bolsa de suelo en colaboración con municipios de más de 100,000 habitantes, indicando la disponibilidad de terrenos asequibles para la construcción de viviendas. Los promotores podrán beneficiarse de incentivos como préstamos provenientes de fondos europeos Next Generation, así como nuevas convocatorias de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía.
El decreto no solo busca aumentar la oferta de vivienda protegida, sino también alinear los precios máximos de dichas viviendas con el mercado, permitiendo que familias con ingresos limitados puedan acceder a ellas. Se amplían así los destinatarios potenciales de estas políticas, elevando los límites de ingresos a 5.5 y 7 veces el IPREM para viviendas de régimen general y de precio limitado, respectivamente.
En suma, el impulso para construir 20,000 viviendas protegidas en cinco años también está diseñado para fortalecer la economía andaluza. La colaboración de administraciones públicas, promotores, entidades financieras y otros actores del sector es esencial para alcanzar estas metas, con el fin último de proporcionar a los residentes de Andalucía un acceso más fácil a la vivienda.
Fuente: Junta de Andalucía.
