El Consejo de Gobierno de Andalucía ha iniciado un procedimiento para impugnar el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que establece el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al considerar que invade las competencias autonómicas. En una acción coordinada y respaldada por dictámenes de los servicios jurídicos, el gobierno andaluz ha emitido un requerimiento formal al Consejo de Ministros del Gobierno de España, previo a un posible conflicto de competencias, argumentando que la normativa no respeta el reparto competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El principal desacuerdo radica en que el plan propuesto por el gobierno estatal lesiona la autonomía financiera andaluza, especialmente en aspectos como el diseño del régimen de aportaciones de las comunidades autónomas, la detallada descripción de las actuaciones y el riguroso reparto de cuotas. Además, se critica el régimen de protección permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad y difusión de las acciones emprendidas.
El acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de Andalucía solicita la derogación o modificación de varios artículos clave del Plan Estatal de Vivienda, como los artículos 4.2 g), 153, 6.5, y la disposición adicional octava, entre otros. Asimismo, el gobierno andaluz rechaza la exhaustiva descripción de los 18 programas financieros definidos en el plan, ya que considera que invade la competencia exclusiva de la comunidad autónoma para implementar las ayudas de acuerdo con las necesidades locales.
Critican que el nuevo reparto financiero, que establece un 60% de participación estatal y un 40% de las comunidades, no haya sido negociado y carezca de una justificación clara, pues incrementa en 400 millones de euros la contribución de Andalucía respecto al plan anterior. Además, afirman que el enfoque centralizado pone a las comunidades en el papel de meros ejecutores de las subvenciones, contraviniendo el principio de autonomía financiera.
La Junta de Andalucía también indica que el régimen de protección permanente para determinadas actuaciones propuesto por el Estado limita la capacidad autonómica para ajustar esos regímenes, una cuestión ya discutida y revertida en la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda.
Por último, se objeta al artículo 153 del decreto, que exige una autorización estatal o incluso la presencia del ministro para la presentación de acciones financiadas bajo el plan estatal. Este requerimiento se considera una violación de las competencias exclusivas de Andalucía en materia de vivienda, representando otro punto clave de la impugnación.
Fuente: Junta de Andalucía.
