El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha decidido abrir una investigación sobre los contratos de emergencia que aprobó la Junta de Andalucía durante la pandemia de COVID-19. Esta acción responde a la denuncia interpuesta por el PSOE de Andalucía contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, a quien se le acusa de presunta malversación y prevaricación en estos procedimientos. La preocupación principal radica en que dichos contratos se realizaron sin la adecuada publicidad, control o competencia, lo que ha generado sospechas sobre un posible mal uso de los fondos públicos.
Juan Espadas, el secretario general del PSOE-A, ha criticado duramente estos contratos, afirmando que se llevaron a cabo de manera directa y sin concurso, beneficiando así a la sanidad privada en detrimento de los servicios públicos. Espadas destacó que este desvío de recursos se produjo en un momento crítico para la sanidad pública, que enfrentaba listas de espera crecientes y un claro deterioro en la calidad de la atención. «Esperamos que, de ser necesario, se determinen las responsabilidades penales correspondientes,» declaró Espadas, quien también exigió explicaciones en el Parlamento.
La situación se complica con el descubrimiento de que hace aproximadamente un año, los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya habían denunciado el abuso en la contratación de emergencia durante 2021. Se estima que, bajo este mecanismo, se establecieron acuerdos por más de 300 millones de euros con empresas privadas, sin justificación aparente y fuera de los procedimientos legales. El órgano fiscalizador de la Junta de Andalucía calificó estas acciones como «indebidas» al realizarse sin garantizar las condiciones de publicidad y competencia que marca la ley.
A lo largo del proceso, tanto la Junta Consultiva de Contratación Pública como la Consejería de Hacienda advirtieron repetidamente al SAS sobre la necesidad de restringir la contratación de emergencia a situaciones verdaderamente excepcionales. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas. El uso continuado de un procedimiento sin cumplir con los requisitos legales para justificar su urgencia fue señalado por los interventores como una violación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La investigación ahora en curso busca esclarecer estos hechos y sus posibles implicaciones legales.
