La burocracia derivada de las diversas legislaciones autonómicas en España representa una pérdida del 3,5% del PIB, equivalente a alrededor de 55.760 millones de euros, según un estudio del Instituto Juan de Mariana. Las numerosas normativas dificultan la homogeneidad del mercado interno, afectando negativamente a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, como la energética italiana Eni. Las comunidades autónomas aprueban el 75% de las normas anuales, creando un marco regulatorio muy desigual. Cataluña lidera en cantidad de regulaciones, mientras que Madrid y País Vasco gozan de mayor libertad normativa. A nivel europeo, las diferencias legislativas también causan problemas económicos, sumando un coste total de 90.000 millones de euros para las empresas españolas.
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