El Gobierno de España ha decidido impugnar la moción aprobada en la Región de Murcia que prohíbe actividades relacionadas con el Islam en los centros educativos, argumentando su inconstitucionalidad. La medida fue impulsada por Vox y apoyada inicialmente por el Partido Popular (PP), aunque este último ha expresado su intención de modificar el acuerdo para alinear su contenido con el marco legal vigente. La acción del gobierno busca garantizar la libertad religiosa y mantener el cumplimiento de la Constitución, en medio de un contexto político tenso por el creciente debate sobre integración y multiculturalismo en la región.
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