Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, una constante ha marcado su presidencia: las frecuentes órdenes ejecutivas que emite son bloqueadas temporalmente por la justicia, convirtiendo al Tribunal Supremo en árbitro final. Esta dinámica, inédita en otros gobiernos, ha situado al poder judicial en el centro del debate político. Hasta mayo, se habían presentado 328 demandas contra sus decisiones, con más de 200 bloqueadas por los tribunales. El Supremo ha sido clave, fallando tanto a favor como en contra de las medidas de Trump, en temas que van desde la prohibición a personas trans en el Ejército hasta la revocación de permisos de residencia. La jueza Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, ha sido un voto impredecible, complicando las proyecciones del gobierno sobre futuros fallos. Algunos expertos consideran que este enfrentamiento podría desencadenar una crisis constitucional, resaltando las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en la actual administración.
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