La Diputación de Córdoba ha tomado una medida significativa al destinar un total de 315.214 euros a 74 ayuntamientos de la provincia con el objetivo de facilitar la retirada de amianto en cumplimiento de la normativa estatal, que exige que estas acciones se realicen antes de 2028. Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo alcanzado en el Pleno del pasado 16 de octubre, que aprobó una línea de subvenciones destinada a apoyar a los municipios en la elaboración de un censo de instalaciones y materiales que contengan amianto, así como en la planificación de su retirada.
Según el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, “hemos gestionado en muy poco tiempo estas ayudas, porque éramos conscientes de las necesidades de nuestros municipios”. La distribución de los fondos se realizará de manera equitativa, otorgando una media de 4.250 euros a cada una de las localidades que han presentado su solicitud.
En esta primera fase del proceso, que es fundamental para la correcta implementación de la ley referente al amianto, se enfocará en la elaboración de un censo que incluya información sobre los emplazamientos e instalaciones con amianto, así como aquellos que, por su antigüedad, sean propensos a contener este material. Fuentes señala que el objetivo es identificar y priorizar los lugares más susceptibles a la presencia de amianto, permitiendo así un uso más eficiente de los recursos destinados a su detección y eventual retirada.
La ayuda también abarcará la redacción del contenido del censo, que debe contener información clave, como el año de construcción o rehabilitación, la titularidad y localización de cada instalación, el uso y ocupación, así como un resumen de los materiales con amianto inspecionados y el nivel de riesgo asociado a cada uno de ellos. Con el fin de optimizar la gestión de estos datos, se recomienda que el censo sea elaborado en formato digital.
Los ayuntamientos que se beneficiarán de estas subvenciones incluyen localidades como Adamuz, Aguilar de la Frontera, Alcaracejos, Almodóvar del Río, Baena y muchos más. En total, son 74 los municipios que han solicitado el apoyo económico, lo que refleja una amplia preocupación por la seguridad y bienestar de la población ante los riesgos inherentes al amianto.
Con estas medidas, la Diputación de Córdoba se posiciona como un aliado de los municipios en la lucha contra los peligros asociados al amianto, garantizando que las localidades estén preparadas para cumplir con las normativas vigentes antes del plazo establecido.
Fuente: Diputación de Córdoba.
