La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular en México ha desatado críticas y controversias debido a la inclusión de candidatos con antecedentes dudosos y la falta de transparencia en el proceso. A pesar de que el gobierno de Morena lleva siete años en el poder, persiste la sensación de improvisación, subestimando la importancia de la experiencia institucional y el valor de la diversidad nacional. Expertos y actores clave del sistema electoral y judicial no fueron consultados adecuadamente, lo que resultó en un proceso desorganizado y con fallas significativas. La eliminación de jueces consolidados por sorteo en el Senado y la depuración de listas de candidatos carecen de un plan claro, generando alarmas sobre la falta de responsabilidad del gobierno para asegurar que la elección sea ejecutada de forma eficiente y justa. La situación pone de manifiesto una falta de previsión en el reconocimiento y manejo de riesgos democráticos y en sumar esfuerzos necesarios para un proceso electoral de esta envergadura, mientras el gobierno intenta resolver los problemas generados por sus propios actos.
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