En una decisión que ha generado controversia, el Gobierno ha implementado un atajo legal que permitirá a alrededor de 50 presos condenados por terrorismo reducir su tiempo de cárcel en más de 300 años en total. Esta medida ha suscitado un debate nacional sobre las implicaciones de liberar a reclusos antes de cumplir la totalidad de sus condenas, generando reacciones encontradas entre los diversos sectores políticos y sociales. Mientras algunos argumentan que la iniciativa busca fomentar la reintegración social, otros critican que pueda ser percibida como una concesión a individuos que han cometido delitos de gran envergadura, representando un riesgo para la seguridad pública.
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