La reciente implementación obligatoria de la facturación electrónica en España ha suscitado preocupaciones entre muchas pequeñas empresas, especialmente aquellas que se centran en ventas a consumidores finales. Aunque la normativa se centra en las transacciones entre empresas y profesionales (B2B), las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben estar preparadas para adaptarse, en especial si surge la necesidad de emitir una factura electrónica eventualmente.
La Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) establece que todas las operaciones comerciales entre empresas y autónomos deben contar con facturación electrónica, excluyendo las ventas directas a consumidores finales (B2C). Sin embargo, si una empresa tiene al menos un cliente profesional, necesita disponer de un software compatible que permita la emisión de facturas electrónicas si es requerido.
La transición a este nuevo sistema no será inmediata para todas las empresas. Aquellas con una facturación anual superior a ocho millones de euros deberán adoptar la facturación electrónica un año después de que se apruebe el reglamento final. El resto de las empresas y autónomos dispondrán de un plazo de dos años para adaptarse a estos cambios. Actualmente, se espera que el Gobierno publique los detalles del reglamento definitivo sobre el uso y los requisitos técnicos.
Para las pymes que solo interactúan con consumidores finales, la transición no implica cambios drásticos a corto plazo, pero sí presenta retos que podrían aparecer si la empresa decide o necesita facturar a profesionales en el futuro. Entre los principales desafíos, se encuentran la adaptación de los sistemas de facturación para generar facturas electrónicas en formato estructurado, la conservación segura de facturas por el tiempo que la ley exige, la integración del software con plataformas de la Agencia Tributaria y la formación del personal encargado de labores contables y administrativas.
Frente a estas complicaciones, la facturación electrónica ofrece ventajas significativas, como la reducción de costes y errores administrativos, mayor eficiencia y control financiero, mayor seguridad en documentos y un cumplimiento normativo que podría adelantarse a futuras obligaciones legislativas. No obstante, también implica desventajas como los costes iniciales de implementación, posibles dificultades en la adaptación y la dependencia tecnológica en sistemas que deben funcionar sin fallos.
En conclusión, aunque la facturación electrónica no es actualmente obligatoria para las ventas a consumidores finales, las pymes harían bien en considerar su adopción temprana. Anticiparse a la normativa puede permitirles optimizar sus procesos administrativos, aumentar la seguridad documental y mejorar la integración con otros actores comerciales, lo que les permitirá navegar de manera más eficaz en un entorno cada vez más digital.
