La Fiscalía General del Estado ha abordado el fallo en las pulseras antimaltrato durante 2024, lo cual, según su informe anual, causó «potencial desprotección» y sobreseimientos de agresores. A pesar de las críticas, el organismo afirma que las víctimas siempre estuvieron protegidas porque los dispositivos funcionaron; solo el 1% de las peticiones de información no se atendieron, según la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El problema surgió tras el cambio de proveedor del servicio en 2023, ocasionando deficiencias durante la transición de datos. La mayoría de los casos afectados se reabrieron al recuperar la información. Sin embargo, el Partido Popular ha exigido la dimisión de la ministra, calificando el manejo del incidente como una «irresponsabilidad criminal». Redondo insiste en que se trató de un error técnico ya resuelto, sin registrar incidencias en 2025.
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