La fiscalía ha presentado cargos contra un individuo y su socio, Adell Bover, acusándolos de utilizar facturación ficticia para obtener subvenciones públicas de manera fraudulenta. En el caso de Bover, se solicita una condena de tres años de prisión. Las autoridades señalan que esta actividad ilícita permitió a los implicados acceder a fondos públicos que no les correspondían, afectando así a la integridad del sistema de subvenciones.
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