El Partido Popular ha intensificado su crítica hacia el Gobierno tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) ha llevado a cabo registros en las sedes del PSOE y diversas instalaciones oficiales del Ejecutivo. Desde Santander, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, manifestó que «la huida hacia adelante de Pedro Sánchez ha llegado a su fin». Este acontecimiento se produce tras la intervención en la sede del PSOE en Ferraz, el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras y la empresa pública Adif.
Gamarra subrayó que «el registro de la UCO al PSOE es la prueba de que ya no hay vuelta atrás. Lo que está en juego es la integridad de las instituciones del Estado». Esta intervención está vinculada a la imputación del juez del Tribunal Supremo a Santos Cerdán, el segundo secretario de Organización del PSOE, quien ha sido parte del entorno cercano a Sánchez. Gamarra señaló que este hecho pone de manifiesto que los escándalos han penetrado en el núcleo del aparato socialista.
La investigación actual se centra en presuntos delitos de corrupción que incluyen cobros de comisiones ilegales y escándalos relacionados con la prostitución, implicando a altos funcionarios del PSOE. Gamarra enfatizó que «esto no se aguanta más», reclamando que el presidente Sánchez se dirija a la ciudadanía. La situación se complica aún más con la supuesta destrucción de pruebas vinculado a José Luis Ábalos, sugiriendo que medidas desesperadas están en marcha para ocultar evidencias.
En un contexto de tensión, el PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para suspender la tramitación de la Ley de Amnistía, esperando evitar un choque de trenes con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también ha expresado su preocupación respecto a esta norma, calificada como autoamnistía.
Gamarra criticó fervientemente las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno, afirmando que estas buscan proteger a Sánchez de las acusaciones de corrupción. A su juicio, esta situación provoca un deterioro del Estado de derecho en España, impulsado por una «degradación institucional» que, según ella, emana directamente del Gobierno.
El impacto del registro ha provocado un clamor de dimisiones y exigencias de responsabilidad a todos los niveles del Ejecutivo. La oposición sostiene que el Gobierno no puede seguir ignorando estos escándalos judiciales. La secretaria general del PP advirtió que esta es una cuestión estructural que revela un patrón de conducta basado en la impunidad y el abuso de recursos públicos, menospreciando las instituciones democráticas.
Este cúmulo de escándalos ha resonado más allá de las fronteras nacionales, captando la atención de la prensa internacional, lo que podría tener consecuencias negativas para la imagen de España. Gamarra enfatizó la necesidad de un cambio de rumbo hacia un Gobierno serio y alejado de la corrupción, manifestando que solo un nuevo mandato respaldado por el pueblo puede devolver la confianza a las instituciones democráticas y poner fin a esta crisis.
Fuente: Partido Popular Andalucía
