La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, junto con los sindicatos de Justicia, ha implementado un nuevo protocolo destinado a proteger a las funcionarias judiciales víctimas de violencia de género en Andalucía. Esta iniciativa, pionera y única en su tipo en el ámbito nacional, establece, entre otras medidas, el traslado seguro de las trabajadoras afectadas, asegurando que no sufran una disminución en sus ingresos y cubriendo los costos de desplazamiento y mudanza para ellas y sus familiares. También se ofrece una indemnización de tres dietas por cada familiar que se traslade con la funcionaria. En la actualidad, la comunidad de Andalucía cuenta con cerca de 9,000 funcionarios de Justicia, de los cuales el 70% son mujeres.
El protocolo equipara la movilidad de las profesionales víctimas de violencia de género a un traslado forzoso con respecto a las indemnizaciones y garantiza la provisión de un puesto de igual nivel y categoría, incluso si es necesario crear una nueva plaza. Además, introduce medidas encaminadas a facilitar la recuperación de las víctimas, como la posibilidad de reducción de jornada, flexibilidad en los horarios, y justificación de ausencias por motivos de salud física o psicológica derivada de la violencia sufrida.
Otro de los beneficios es el derecho a solicitar excedencia sin un período mínimo de servicio previo, con reserva del puesto durante seis meses y prorrogable según las necesidades judiciales. Durante los dos primeros meses de excedencia, la funcionaria mantendrá sus retribuciones íntegras y prestaciones familiares. En casos de incapacidad laboral relacionada con la violencia de género, se reconoce el pago completo de prestaciones por incapacidad temporal desde el inicio de la baja.
El protocolo, enmarcado dentro del I Plan de Igualdad para el Personal de la Administración de Justicia en Andalucía, también contempla la creación de la figura del Agente de Igualdad de la Administración de Justicia. Este agente atenderá consultas, quejas y denuncias, y promoverá medidas de prevención y sensibilización en contra de la violencia de género. Dicho plan fue aprobado en colaboración con los sindicatos CSIF, STAJ, SPJ-USO, UGT y CCOO y tendrá una vigencia de tres años.
Solo dos comunidades autónomas, además de Andalucía, cuentan con un Plan de Igualdad para el personal de Justicia (Valencia y País Vasco). Varias otras regiones han mostrado interés en el modelo andaluz debido a su carácter innovador y avanzado.
Dentro de sus medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y promoción para las mujeres en la Administración de Justicia, el plan asegura la reserva de puestos a interinas durante bajas maternales, considera el periodo de baja como trabajo efectivo, y asegura el pago de guardias no realizadas durante las bajas por maternidad y paternidad. Asimismo, promueve la conciliación familiar mediante ajustes en la jornada laboral, fomenta la preparación para promociones internas, y apoya la formación durante el horario laboral.
Este nuevo protocolo se erige como una respuesta integral frente a la violencia de género, el acoso sexual, y la discriminación por género dentro del ámbito judicial, destacándose como una medida clave del I Plan de Igualdad de la Administración de Justicia.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
