El Consejo de Gobierno ha informado sobre el inicio de la tramitación de una nueva orden de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, destinada a regular la figura del guarda jurado de caza en Andalucía. Esta normativa establece los requisitos y el procedimiento para la acreditación de estos profesionales, quienes tendrán un papel clave en la protección de los ecosistemas y el uso responsable de los recursos naturales.
El objetivo de la regulación es asegurar una gestión cinegética responsable, mediante la incorporación de formación especializada. La medida pretende también ofrecer seguridad jurídica y claridad normativa a un perfil profesional esencial para el equilibrio entre conservación y aprovechamiento sostenible.
En Andalucía, la caza representa un importante motor cultural, social y económico, especialmente en zonas rurales. La actividad es compatible con la conservación de la fauna silvestre y requiere una adecuada vigilancia, responsabilidad que, hasta ahora, recaía en los guardas de coto de caza y el guarda rural con especialidad en caza. La coexistencia de estos roles ha generado incertidumbres que la nueva regulación busca resolver.
La Junta de Andalucía, mediante el artículo 98 bis del Reglamento de Ordenación de la Caza, aprobado en el Decreto ley 3/2024, introduce el concepto del guarda jurado de caza. La nueva orden detallará los pasos para la obtención de la acreditación, incluyendo cursos de formación homologados y requisitos para el ejercicio de la profesión.
La normativa pretende establecer un sistema claro y riguroso, dotando a los guardas de caza de formación especializada y funciones bien definidas. Estos profesionales operarán exclusivamente en espacios cinegéticos, colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y personal ambiental de la Junta de Andalucía.
Entre las funciones del guarda jurado de caza se incluyen la vigilancia de la actividad cinegética, colaboración en planes técnicos de caza, asistencia en la conservación de ecosistemas, y lucha contra prácticas ilegales. Además, apoyarán en la prevención y extinción de incendios forestales, y en la vigilancia de personas y bienes en fincas rústicas.
La orden también propone un régimen transitorio para los actuales guardas de coto, quienes podrán continuar sus funciones hasta el término de su carrera profesional, asegurando así la continuidad del servicio.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno andaluz de avanzar hacia una gestión más profesionalizada de los espacios naturales. La integración de la gestión cinegética con políticas de conservación ambiental es clave para preservar la biodiversidad y asegurar la sostenibilidad de la actividad cinegética en la región.
Fuente: Junta de Andalucía.
