El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al inicio del proceso de tramitación del anteproyecto de la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM). Esta nueva normativa viene a responder a las necesidades contemporáneas y futuras en el ámbito de la protección medioambiental, alineándose con las legislaciones nacionales y europeas surgidas desde la aprobación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en 2007.
El principal objetivo de LEGAM es modernizar y simplificar los procedimientos para asegurar una administración ambiental más eficiente y ágil. A través de una serie de reformas, la Junta de Andalucía busca fortalecer los principios de sostenibilidad tanto en el ámbito público como privado, respondiendo a los retos actuales y futuros.
Entre las prioridades de este anteproyecto se encuentra la actualización de la normativa andaluza, armonizándola con la legislación vigente a niveles nacional y europeo. Otro punto fundamental es la agilización de trámites administrativos mediante la optimización de los instrumentos de prevención y control ambiental. La ley también pretende integrar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y prevenir impactos ambientales, estableciendo mecanismos de corrección y compensación efectivos.
La estructura de la LEGAM estará compuesta por nueve títulos y 194 artículos, incluyendo disposiciones adicionales, transitorias, finales y derogatorias. Estos títulos abarcarán desde principios generales hasta temas específicos como la evaluación ambiental, autorizaciones, mejora ambiental voluntaria y el régimen sancionador. Entre las principales innovaciones destaca la creación de un registro para interesados en procedimientos de evaluación y prevención ambiental, asegurando una participación ciudadana más eficiente y transparente. Se implementará también una separación de los procedimientos de evaluación ambiental respecto a los instrumentos de prevención, simplificando y clarificando así los procesos.
La LEGAM introducirá la licencia ambiental de competencia municipal en sustitución de la calificación ambiental, reduciendo el periodo de resolución a tres meses. Esta medida busca aligerar la carga administrativa para ayuntamientos y empresas, al igual que la disminución de categorías que requieren licencia y el aumento de actividades gestionadas mediante declaraciones responsables.
Además, se revisarán los plazos actuales para obtener autorizaciones, reduciendo el tiempo de trámite de ocho a seis meses, y se reforzarán las medidas de protección contra la contaminación en sus diversas formas. Otro enfoque destacado será el fomento de la ecoinnovación y la promoción de tecnologías sostenibles, impulsando la economía verde a través de incentivos fiscales y económicos.
La ley prevé mejorar el acceso a la información pública y promover la educación y sensibilización ambiental. La creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sucederá al actual CAMA, fomentará un diálogo más efectivo entre la administración, agentes económicos, sociales y la sociedad civil. Asimismo, una Estrategia Marco de Medio Ambiente y la planificación de inspecciones ambientales plurianuales reforzarán la vigilancia y control ambiental en todo el territorio.
Este proyecto se enmarca en el Pacto de Diálogo Social firmado por el presidente de la Junta de Andalucía junto a organizaciones sindicales y empresariales, invitando a la ciudadanía y actores sociales a participar activamente en el proceso, contribuyendo con ideas y sugerencias para que la ley refleje las aspiraciones de toda Andalucía.
Con la LEGAM, Andalucía busca posicionarse como un referente europeo en gestión ambiental, estableciendo un marco normativo que permita afrontar los desafíos de sostenibilidad mientras equilibra la protección ambiental con el desarrollo económico y social.
Fuente: Junta de Andalucía.
