El Consejo de Gobierno de Andalucía ha decidido pedir al Gobierno de España que proporcione los recursos económicos necesarios para implementar la Ley Orgánica 1/2025 sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia. La Junta de Andalucía estima que esta implementación requerirá un gasto inicial de 54,4 millones de euros, un proceso planeado por el Estado sin consulta previa con las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas.
La nueva ley exigirá que, antes de fin de año, la Junta modifique infraestructuras, sistemas informáticos y personal en 695 juzgados, transformándolos en 85 tribunales de instancia y 700 juzgados de paz, afectando a más de 9,000 funcionarios. El calendario es ajustado: el 1 de julio de 2025 deberán adaptarse 70 de los 85 partidos judiciales en Andalucía, seguido de una segunda fase el 1 de octubre de 2025 en tres partidos judiciales más, y culminando el 31 de diciembre de 2025 con una reforma que impactará en las capitales de provincia y grandes ciudades.
Hasta el momento, la Junta ha afrontado, sin ayuda estatal, un gasto de más de 4.5 millones de euros, principalmente en personal y formación. Además, se destinarán casi 20 millones de euros en infraestructuras y equipamiento tecnológico.
La Ley Orgánica también requiere medios alternativos de solución de controversias antes de interponer denuncias civiles o mercantiles, lo cual ha aumentado en más de un millón de euros el presupuesto para compensar a abogados de oficio. Este cambio destaca ya que Andalucía fue la primera comunidad en incluir mediación en el sistema de justicia gratuita.
El ajuste de los juzgados a órganos colegiados implica más de 20 millones de euros en obras. Pese a esta inversión, la Junta aún no ha podido cuantificar el coste de la Fase III ni la pérdida salarial del personal de Justicia en Andalucía excluido de una reciente subida salarial aplicada solo al personal en territorios sin competencias transferidas, lo que la Junta ha recurrido por vía legal. Los sindicatos han exigido una actualización salarial debido a la congelación desde 2004, pero la subida fue aplicada solo al complemento específico del ‘territorio Ministerio’, lo que ha sido percibido como una discriminación.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
