La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha anunciado en la reciente Mesa Sectorial la interposición de un recurso por la vía Contenciosa-Administrativa con el objetivo de anular el acuerdo salarial firmado el 11 de abril de 2024 entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF y UGT. Este acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de abril, estipula un aumento salarial exclusivo para los funcionarios de aquellas comunidades autónomas que no tienen las competencias de Justicia transferidas, conocidas como territorio Ministerio. Los funcionarios de los órganos judiciales andaluces, al igual que otros territorios con justicia transferida, han quedado excluidos de este beneficio, a pesar de que la subida se fundamenta en la Ley de Eficiencia Organizativa que está en proceso legislativo en el Congreso.
Durante la reunión de la Mesa Sectorial, que tuvo lugar el 25 de octubre, se destacó la importancia de defender los intereses no solo de los funcionarios sino de todos los andaluces, ya que la subida salarial se financia con los impuestos de todos los ciudadanos. La Consejería subrayó que Andalucía es una comunidad infrafinanciada, recibiendo anualmente 1.500 millones de euros menos de lo que le correspondería desde 2009.
El acuerdo alcanzado por el Ministerio, CSIF y UGT afecta a 10.328 funcionarios de justicia de los 39.500 que existen en España, dejando fuera a 8.212 trabajadores en Andalucía, una comunidad que, al tener el mayor número de juzgados y funcionarios, se ve gravemente perjudicada.
La Consejería argumenta que el incremento salarial debería aplicarse al complemento general del puesto, dado que las futuras leyes de eficiencia de la Administración de Justicia impactarán a todos los trabajadores en el país. El complemento específico, en cambio, es negociado individualmente por cada comunidad y el Gobierno central para sus respectivos funcionarios. Cabe señalar que, a pesar de anteriores subidas en otras regiones, Andalucía se mantiene en la media nacional gracias a incrementos previos ejecutados por el Gobierno andaluz.
Adicionalmente, la Consejería resaltó su compromiso con el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que busca mejorar las condiciones laborales de los funcionarios mediante una inversión de 1.500 millones de euros en infraestructuras judiciales. Del mismo modo, se avanza en la primera Estrategia de Justicia en Andalucía, enfocada en la digitalización, accesibilidad y sostenibilidad de los edificios judiciales, así como en la humanización del servicio público.
En la reunión también se abordaron las propuestas sindicales, acordando la implementación de medidas del Plan de Igualdad, como el pago de guardias durante permisos de maternidad y paternidad o en caso de incapacidad laboral por embarazo, además de la creación de un grupo de trabajo para revisar la consolidación de puestos actualmente ocupados por interinos.
Fuente: Junta de Andalucía.
