El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). Este proyecto tiene como principales objetivos proteger el sistema público universitario, aumentar los derechos del estudiantado, potenciar la internacionalización y estabilizar la carrera académica. También se busca favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia en las instituciones académicas.
El Gobierno andaluz ahora deberá someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo. Tras obtener estos informes, el proyecto de ley se trasladará al Parlamento de Andalucía, donde será sometido a debate. Este documento, que reemplazará al actual de 2013, ha sido acordado con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.
En cuanto al estudiantado, la norma reconoce, por primera vez, el derecho a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria, asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Además, se garantiza la movilidad internacional de los universitarios a través de programas de ayudas y becas ofrecidas por las instituciones académicas públicas y financiadas por la Junta de Andalucía.
En materia de proyección internacional, se establece la obligatoriedad de disponer del nivel B2 en un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor, a partir de octubre de 2029. Asimismo, se fija la creación de una estrategia que abordará la movilidad, la investigación y la captación de talento, destacando el papel clave de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
Para la retención del talento y la estabilidad en la carrera académica del profesorado, el anteproyecto introduce medidas como la posibilidad de que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento y se adscriba a otras administraciones durante seis meses para adquirir o reciclar conocimientos. También se reintroducen figuras profesionales como el ayudante doctor y el ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. Estas medidas buscan garantizar un relevo generacional de calidad en el sistema universitario.
El anteproyecto limita los contratos de profesores sustitutos, transformándolos en figuras estructurales para eliminar la precarización laboral. En cuanto a la financiación, se establecerá un modelo común revisable cada cinco años, con tres bloques principales: financiación básica armonizada, financiación afecta a resultados y financiación de nivelación.
La ley también aboga por la disposición de interventores en las universidades como parte del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y por el impulso a la formación continua mediante el reconocimiento de títulos propios y microcredenciales. En el ámbito de los consejos sociales, se refuerzan sus funciones en la captación de fondos, la transparencia y la objetividad.
Además, la norma incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de instituciones académicas privadas, exigiendo una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior y la reserva de un porcentaje de ingresos a programas de becas y ayudas al estudio, así como a planes de investigación. Asimismo, establece mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral.
La Ley de Universidades para Andalucía, junto a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), constituyen uno de los pilares de la mayor reforma del sistema universitario andaluz de los últimos treinta años, que se completará este nuevo curso. Esta renovación normativa incluye, entre otros cambios estructurales, un nuevo modelo de financiación para el sistema público y la mejora salarial y laboral del personal docente e investigador, así como del personal técnico y administrativo.
Fuente: Junta de Andalucía.
