El Consejo de Gobierno ha anunciado la implementación del I Plan de Actuación 2024-2026, un ambicioso programa que contará con un presupuesto de 22,93 millones de euros y que se enmarca dentro de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, aprobada recientemente en octubre. Este plan ha sido fruto de un acuerdo entre los principales agentes económicos y sociales de la región, así como del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, una entidad que integra tanto a la Junta de Andalucía como a organizaciones sindicales y empresariales.
El plan está compuesto por un total de 100 medidas cuyo objetivo es cumplir con los siete lineamientos establecidos por la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algunas de estas medidas ya han comenzado a implementarse debido a su relevancia y continuidad en el tiempo.
Tomando como base la experiencia de planes anteriores, como el Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, este nuevo programa se centra, entre otras cosas, en mejorar sensiblemente las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral andaluz. Del total de acciones previstas, 31 están enfocadas en reducir los accidentes laborales mediante una detección y actuación rápida sobre sectores con tendencias negativas en este ámbito.
Algunas de las medidas concretas incluyen campañas de asesoramiento para empresas con trabajos en altura o con histórico de accidentes por atrapamiento y vuelco de maquinaria. También se llevarán a cabo inspecciones técnicas a empresas manejando carretillas elevadoras y otros equipos. Otro aspecto importante será la actualización del convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal relativo a la seguridad laboral.
El plan no solo se enfoca en accidentes laborales sino también en patologías no traumáticas como infartos y ictus, dedicando 17 acciones a identificar enfermedades profesionales ocultas y prevenir nuevos casos, en colaboración con la Consejería de Salud y Consumo.
Un aspecto destacado del nuevo plan es su atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que se dedicará más del 60% del presupuesto. Este esfuerzo busca mejorar las infraestructuras de seguridad en estas empresas, especialmente frente a los riesgos emergentes de la transición tecnológica, el cambio climático y nuevas modalidades de empleo.
Por último, el plan pone un fuerte énfasis en la formación, la integración de la perspectiva de género y la protección de colectivos vulnerables, reforzando la cultura preventiva en el ámbito laboral. Se prevé una revisión de la coordinación con servicios de prevención, mutuas y autoridades sanitarias para lograr un entorno laboral más seguro y saludable.
Fuente: Junta de Andalucía.
