El Consejo de Gobierno de Andalucía ha anunciado la implementación de un proyecto piloto que introduce el Servicio de Experto Facilitador en todas las provincias andaluzas. Este innovador servicio está diseñado para brindar apoyo a las personas con discapacidad que se encuentran inmersas en procesos judiciales, ya sea como testigos, investigados, víctimas o en calidad de operadores jurídicos.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Humanización de la Justicia y busca mejorar la accesibilidad del sistema judicial al eliminar barreras de comprensión, además de las barreras físicas. El objetivo principal de este servicio es asegurar que las personas con discapacidad puedan comprender y participar eficazmente en el sistema judicial, garantizándoles así su derecho constitucional a la tutela judicial.
El Servicio de Experto Facilitador cuenta con profesionales en áreas como Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social y Terapia Ocupacional. Estos facilitadores están formados especialmente en accesibilidad y ajustes de procedimiento. Su función es identificar e implementar adaptaciones y ajustes personalizados, asegurando que las personas con discapacidad comprendan el proceso y puedan tomar decisiones informadas.
Para implementar este servicio, se ha lanzado un proyecto piloto que permite a los órganos judiciales en Andalucía solicitar la intervención de un facilitador. Dependiendo del rol de la persona con discapacidad en el proceso, los casos se derivan al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) o a la entidad adjudicataria correspondiente. Las entidades encargadas de prestar este servicio durante el proyecto piloto incluyen Plena Inclusión Andalucía, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Los contratos iniciales tienen una duración de un año y cuentan con un presupuesto total de 144.000 euros.
Además, en 2023, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya había introducido un proyecto para la traducción de documentación judicial a lectura fácil, premiado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este nuevo servicio de expertos facilitadores complementa dichos esfuerzos proporcionando una comunicación eficaz entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad.
La Junta de Andalucía está trabajando en la creación de un decreto para regular formalmente este servicio, evaluando actualmente su viabilidad, costo y mejoras a través del proyecto piloto. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia una justicia más inclusiva y accesible para todos los ciudadanos andaluces.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
