La Junta de Andalucía ha anunciado que compensará a los abogados de oficio por su labor en procesos de mediación, incluso si no consiguen un acuerdo, en concordancia con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que exige intentar vías alternativas de resolución de conflictos antes de interponer una demanda. Para implementar esta medida, se modificará la orden aprobada en 2024 que ya había incluido la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, donde los profesionales reciben hasta 400 euros por cerrar acuerdos. Desde enero de 2024, andaluces elegibles para abogados de oficio pueden solicitarlos para mediaciones, con 181 acuerdos certificados en el primer año, generando un pago de 72.400 euros.
Con la nueva ley vigente, la Consejería de Justicia adaptará la normativa para abonar retroactivamente desde el 3 de abril el asesoramiento jurídico obligatorio en mediaciones, independientemente de su resultado. El borrador de esta modificación estará abierto a contribuciones del público hasta el 25 de abril.
Adicionalmente, la Consejería está por concluir el establecimiento del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), cuyo acceso será gratuito para quienes cumplan con los requisitos para la Justicia Gratuita. SEMCA contaría con sedes en cada provincia y, mientras se implementa, se continuará ofreciendo orientación a través de los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA). Este servicio emite la documentación necesaria para proceder legalmente, en casos donde la mediación sea obligatoria.
Andalucía, destacándose como pionera, también ha creado el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA) que ha evitado cerca de 1.200 juicios penales en menos de un año. SEMPA ha atendido principalmente delitos menores y ha agilizado resoluciones que de otra forma tomarían años.
En el ámbito laboral, un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales permitirá que estos profesionales actúen como mediadores en conflictos ya judicializados. Todas estas iniciativas conforman la Estrategia de Mediación de Andalucía, que prioriza el diálogo para reducir la carga del sistema judicial y acelerar los procesos, mostrando un compromiso con la innovación en la resolución de conflictos antes de las pautas establecidas por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
