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La Junta se Compromete a Defender una Financiación Justa para Andalucía en Todos los Ámbitos

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La Junta se Compromete a Defender una Financiación Justa para Andalucía en Todos los Ámbitos

El Consejo de Gobierno ha decidido instruir a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para llevar a cabo las acciones necesarias que aseguren una financiación autonómica justa y suficiente para Andalucía, en pleno respeto a la legalidad y el marco constitucional. Esta resolución surge del interés del gobierno andaluz por garantizar una equidad financiera que respalde a la región andaluza de manera adecuada.

Además, el Consejo de Gobierno ha expresado su firme desacuerdo y oposición a cualquier intento del Gobierno de España de otorgar una financiación singular a un territorio específico. Según el gobierno andaluz, tal privilegio sería una clara violación de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Española y de las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. La administración andaluza insiste en que cualquier negociación sobre el sistema de financiación debe involucrar a todas las regiones colectivamente, utilizando los mecanismos constitucional y reglamentariamente articulados, y no mediante procesos bilaterales.

En esta misma línea, el Consejo de Gobierno ha subrayado la importancia de fortalecer la posición de la sociedad andaluza creando alianzas con los principales agentes económicos, sociales, políticos, administrativos y académicos. El objetivo es facilitar la defensa política, social y, en caso necesario, jurídica del consenso de 1978 y del modelo de solidaridad y cohesión social. El gobierno andaluz cree que la situación actual amenaza no solo la igualdad territorial y el modelo de Estado, sino también los servicios públicos de todos los españoles.

Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno de Andalucía de luchar por una financiación justa y suficiente que no solo beneficie a la comunidad autónoma, sino que respete la equidad y cohesión a nivel nacional, asegurando así la prestación adecuada de servicios públicos en toda España.
Fuente: Junta de Andalucía.

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