El tribunal ha dictaminado que España no tiene la competencia para investigar delitos que se hayan cometido fuera de su territorio, especialmente si las víctimas involucradas no son de nacionalidad española. Esta decisión subraya la limitación de la jurisdicción española en casos internacionales, enfatizando la necesidad de que los delitos cometidos en otros países sean investigados por las autoridades locales o internacionales competentes en lugar de por tribunales españoles.
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