El Congreso de Estados Unidos ha iniciado un intenso debate en torno al TAKE IT DOWN Act, un proyecto de ley concebido para abordar la difusión en línea de imágenes íntimas no consensuadas, comúnmente conocidas como NCII. Este fenómeno se ha visto incrementado por el uso generalizado de tecnologías digitales para crear imágenes manipuladas, popularmente conocidas como «deepfakes».
Aunque el objetivo de proteger a las víctimas de estas violaciones a la privacidad es indiscutiblemente noble, la propuesta actual del TAKE IT DOWN Act se enfrenta a críticas por la amenaza que supone para la libertad de expresión, así como por la insuficiencia de medidas de protección para evitar el abuso en el proceso de notificación y eliminación de contenido.
La legislación propuesta exige a los sitios web y plataformas en línea que eliminen cualquier contenido reportado dentro de un plazo de 48 horas, comprometiéndolos también a realizar «esfuerzos razonables» para identificar y suprimir copias adicionales. Sin embargo, la ambigüedad en las definiciones dentro del proyecto podría posibilitar que el mecanismo de denuncia sea manipulado, resultando en la censura de contenido legal como la sátira, el periodismo y el debate político.
La obligación de eliminar el contenido en un periodo tan breve podría llevar a los proveedores de servicios más pequeños a depender de sistemas automáticos para cumplir con dichas solicitudes, algo que ya ha mostrado fallos al marcar contenido legítimo como infractor. Esto se suma a la preocupación de replicar o incluso exceder los problemas ya evidentes en la ejecución de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), que a menudo se utiliza para silenciar discursos legítimos. A diferencia de la DMCA, el TAKE IT DOWN Act no posee una disposición contra el abuso, aumentando el riesgo de censura indebida.
El impacto del proyecto de ley podría extenderse a plataformas que priorizan la privacidad, como las aplicaciones de mensajería encriptada, sistemas de almacenamiento en la nube y otros servicios de cifrado de extremo a extremo. Aunque los servicios de correo electrónico están exentos, la falta de claridad para otros servicios plantea interrogantes sobre su capacidad para cumplir con las nuevas normativas sin socavar su modelo de protección de datos.
Además, las víctimas de NCII, que a menudo dependen del cifrado para proteger su seguridad y mantener comunicación con defensores, podrían verse perjudicadas por la eliminación de estas garantías. Es importante destacar que actualmente ya existen numerosas leyes penales y civiles que abordan la problemática de las imágenes no consensuadas, incluyendo denuncias civiles federales disponibles desde 2022.
Ante este escenario, se sugiere que el Congreso enfoque sus esfuerzos en fortalecer y aplicar estas protecciones ya existentes en lugar de instituir un nuevo régimen de eliminación de contenido propenso al abuso. Asimismo, las plataformas tecnológicas pueden contribuir optimizando sus mecanismos de notificación y preservación de pruebas, sin necesidad de comprometer la libertad de expresión y el derecho a la privacidad digital.
