El futuro del internet abierto se encuentra en vilo en Estados Unidos, mientras las poderosas compañías de banda ancha preparan un movimiento que podría cambiar las reglas del juego. Este 31 de octubre, más allá del alborozo festivo de Halloween, se cierne una batalla crucial en los tribunales sobre la neutralidad de la red, un principio que ha mantenido en jaque el dominio de empresas como Comcast y AT&T.
Las empresas buscan implementar un modelo de negocio que les permitiría cobrar tarifas adicionales tanto a usuarios como a sitios web para acceder a un servicio «premium». Esto podría traducirse en una ralentización artificial de algunas conexiones en beneficio de otras, desafiando la premisa de un acceso igualitario a Internet para todos.
Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha actuado como el último baluarte contra estas medidas, prohibiendo cualquier tipo de priorización pagada, reducciones de velocidad o bloqueos injustificados de sitios web. Las regulaciones existentes obligan a que los proveedores de servicios traten todos los datos de manera uniforme, sin preferencias hacia aplicaciones, sitios o servicios específicos. Pese a estas protecciones, las empresas de telecomunicaciones han persistido en sus intentos de sortear estos obstáculos y ahora su caso llega al Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones.
Históricamente, la lucha legal por la neutralidad de la red ha sido una montaña rusa de decisiones y apelaciones. Un caso precedente fue rotundamente rechazado por el Circuito de D.C. en 2016. Sin embargo, en 2017, la FCC, con nuevas figuras al mando, revocó las normas vigentes, enfrentándose a una resistencia masiva de la sociedad civil, entre activistas, organizaciones sin fines de lucro y millones de usuarios. Tras varios años de litigios, la agencia volvió a restablecer las normas de neutralidad, desatando la actual disputa legal.
El veredicto de este caso es especialmente complejo dado el contexto legal y la nueva composición del Tribunal Supremo, donde el juez Kavanaugh podría tener un impacto decisivo. En el centro del debate se encuentra la clasificación de los servicios de banda ancha: si son considerados «servicios de telecomunicaciones» o «servicios de información», lo cual determinará bajo qué categoría de regulación caerán.
Una figura crucial en esta contienda es el concepto de «doctrina de cuestiones importantes», que restringe la capacidad de las agencias de tomar decisiones sobre asuntos significativos sin autorización explícita del Congreso. Este enfoque ha sido respaldado con fuerza por el Tribunal Supremo, que recientemente mostró su escepticismo hacia el poder administrativo con un fallo en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo.
La disputa se mantiene sin resolución a la vista, con un pronóstico de decisión previsto para la primera mitad de 2025. Hasta entonces, la tensión persiste, y la polarización entre los gigantes de las telecomunicaciones y los defensores de un internet libre y abierto amenaza con escalar aún más, posiblemente llegando hasta las máximas instancias judiciales. En juego no solo está el acceso equitativo a la red, sino también el futuro mismo de las comunicaciones digitales en el país.
