Un reciente informe de la Consumer Technology Association (CTA) expone el impacto potencial de las medidas arancelarias que amenazan con encarecer significativamente productos tecnológicos esenciales. Elaborado por Trade Partnership Worldwide LLC (TPW), el estudio alerta sobre un aumento de precios de hasta el 69,4% en dispositivos como smartphones, portátiles y consolas, debido a nuevas tarifas y el fin de moratorias comerciales.
Esta escalada es resultado de políticas comerciales estadounidenses que incluyen el fin de exenciones arancelarias recíprocas y la implementación de tarifas adicionales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. A esto se suma un aumento del 25% en baterías de litio y la continuidad de un arancel del 20% sobre importaciones chinas según la IEEPA.
El impacto proyectado es considerable, con una pérdida de poder adquisitivo de más de 123.000 millones de dólares para los consumidores estadounidenses. Otros mercados, particularmente aquellos sin acuerdos comerciales bilaterales, enfrentarán costos incrementados. La afectación no se limita a EE.UU., ya que cualquier economía vinculada a la cadena de suministro tecnológica global sentirá estas presiones.
El informe detalla aumentos de costos medios para varios productos: videojuegos (consolas) subirían un 69,4%, portátiles un 34% y smartphones un 30,8%, lo que implica una pérdida de consumo que alcanza los 31.200 millones de dólares en el caso de los teléfonos inteligentes.
Esta problemática afecta no solo al consumidor, sino también a la estructura industrial. Fabricantes, distribuidores y minoristas podrían enfrentar desafíos significativos en sus márgenes de ganancia, especialmente en un mercado aún golpeado por la inflación. Asimismo, emprendedores y startups, dependientes de tecnología accesible, verán comprometida su viabilidad.
El contexto geopolítico añade otra capa de complejidad. La confrontación comercial entre EE.UU. y China y las estrategias de reindustrialización en Occidente agravan la situación, repercutiendo en mercados como Europa y América Latina que dependen de importaciones tecnológicas asiáticas.
En conclusión, la persistencia de estas tarifas sin acuerdos compensatorios podría acarrear un retroceso en el acceso democrático a la tecnología. Los precios crecientes podrían obstaculizar la renovación de dispositivos, penalizar la educación y las infraestructuras digitales, y aumentar la presión económica sobre las familias. La cuestión es clara: ¿justifica el coste político las repercusiones económicas y sociales que provocará?
