El gobierno chileno enfrenta desafíos considerables al tratar de resolver el conflicto histórico con el pueblo mapuche. A pesar de las dificultades iniciales, como el incidente de violencia con la ministra de Interior y la necesidad de declarar un estado de excepción, el gobierno ha implementado el «Plan Buen Vivir» y la «Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento» para abordar problemas estructurales. Estas iniciativas buscan aumentar la inversión pública y resolver la cuestión de las tierras a través del diálogo y el consenso. Aunque han logrado disminuir significativamente la violencia, el éxito a largo plazo de estas medidas está vinculado al panorama político, en particular frente a la oposición de la derecha extrema que promueve una respuesta más militarizada al conflicto.
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