La relación entre Mape, FCS y las comisiones cobradas por la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha provocado intensas críticas y debates sobre la transparencia en la gestión de contratos sanitarios durante la pandemia de 2020. Según informes recientes, la Xunta de Galicia adquirió mascarillas y material sanitario a Mape, una empresa que, a su vez, había comprado estos productos a FCS, firma vinculada a Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
González Amador medió en la transacción y cobró una comisión por su intermediación, desatando una controversia significativa. En total, el acuerdo entre Mape y FCS permitió a la Xunta adquirir material sanitario por un valor de 42 millones de euros. Por su papel como intermediario, González Amador recibió dos millones de euros en comisiones, lo que representó un 4,5% del valor total de la operación.
Desde el gobierno gallego, se ha defendido la transparencia de las compras, subrayando que se llevaron a cabo con Mape, una empresa especializada en la distribución de material sanitario, seleccionada como proveedora dentro del acuerdo marco del Gobierno central. La Xunta ha dejado claro que no tuvo relación directa con las operaciones realizadas por Mape y FCS, destacando que la relación con la firma catalana es responsabilidad exclusiva de los proveedores.
Los funcionarios del gobierno gallego aseguran que todos los contactos y procedimientos seguidos para la adquisición de material de emergencia en 2020 se realizaron con Mape. Durante ese año, la Xunta adjudicó a esta empresa un total de 10 millones de euros en contratos para material sanitario, la mayoría bajo el mecanismo de urgencia debido a la crisis sanitaria.
El origen del escándalo de Alberto González Amador radica en las comisiones que este recibió por intermediar en la compra de material sanitario. A través de su empresa Maxwell Cremona, González Amador facturó casi dos millones de euros en una única operación con FCS para la venta de productos a Mape. Estos ingresos están reflejados en la contabilidad que el empresario presentó a la Agencia Tributaria, confirmando el pago de las comisiones durante los meses más críticos de la pandemia.
Este entramado de compras y comisiones ha despertado un debate acalorado sobre las prácticas de intermediación en la adquisición de material sanitario y el papel de figuras vinculadas a altos cargos políticos. La relación de la compra de mascarillas por parte de la Xunta con una empresa ligada al novio de Ayuso ha avivado las críticas sobre la transparencia en las gestiones de los contratos sanitarios durante la pandemia, poniendo en el ojo del huracán las decisiones tomadas en un momento de emergencia nacional.
