Un reciente estudio ha arrojado luz sobre prácticas preocupantes dentro de la industria aérea. Según un informe de AirHelp, más del 52% de las reclamaciones de pasajeros en 2024 fueron rechazadas indebidamente por las aerolíneas. Este reporte destaca una serie de pretextos utilizados por las compañías para evitar compensaciones que, por ley, deberían otorgar a los viajeros afectados por retrasos, cancelaciones y pérdidas de conexión.
En España, 2,2 millones de pasajeros habrían tenido derecho a indemnización, pero sorprendentemente, alrededor de 1,14 millones podrían no haber recibido el reembolso correspondiente. Esta situación se da en un contexto donde las aerolíneas presionan para modificar las normas de compensación, buscando extender el período requerido para aplicar indemnizaciones de 3 a 5 horas, mientras continúan eludiendo sus responsabilidades actuales.
Entre las excusas comunes, destaca la falta de respuesta a reclamaciones, utilizada en el 26% de los casos, dejando a muchos pasajeros en la incertidumbre respecto a sus derechos. Otro 21% de los rechazos se basa en supuestas condiciones meteorológicas adversas, frecuentemente sin la evidencia necesaria para respaldar tales afirmaciones.
Además, un 13% de las negativas se justifica en la supuesta insuficiencia de documentación presentada por los pasajeros, así como en alegaciones relacionadas con el control del tráfico aéreo, problemas técnicos y retrasos inferiores al umbral legal. En muchos de estos casos, las compañías no proporcionan pruebas concretas que sustenten sus argumentos.
Esta inclinación a rechazar reclamaciones refleja una estrategia sistemática destinada a minimizar costos relacionados con las compensaciones. AirHelp ha instado a las autoridades competentes a implementar una mayor supervisión y sanciones, señalando que el comportamiento de las aerolíneas podría estar vulnerando los derechos de millones de pasajeros.
Este informe subraya la necesidad de proteger a los consumidores y garantizar que las aerolíneas cumplan con sus obligaciones legales. La intervención regulatoria podría ser esencial para asegurar que los derechos de los viajeros no sean sacrificados en nombre de la rentabilidad.
